ICACOR

24/04/2018 09:45 Antigüedad: 148 days

Comunicado del Consello da Avogacía Galega sobre la huelga de los funcionarios de justicia

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Desde el inicio de la huelga indefinida de los funcionarios de Justicia -de la que tuvimos noticia a través de los medios- la abogacía gallega mostró profunda preocupación por las consecuencias que podría provocar en el funcionamiento de un servicio ya afectado de deficiencias, cuya corrección venimos demandando desde hace tiempo desde los Colegios, Consello da Avogacía Galega, y Consejo General de la Abogacía Española.

El respeto al legítimo derecho de huelga ejercido por los trabajadores de los juzgados y tribunales gallegos y la consideración que las partes merecen en orden a presumirles la capacidad de dialogar, negociar y resolver el conflicto, motivaron la neutralidad que desde el principio mantuvo la abogacía.

La neutralidad fue una postura criticada, pero fue meditada y nada extraña en quienes trabajamos precisamente en la solución de conflictos, mediando, asesorando, conciliando, o defendiendo. Las reivindicaciones, las medidas adoptadas para satisfacerlas, el conflicto y los métodos de solución -materias sobradamente conocidas por los abogados - estaban en manos de las partes protagonistas: Comité de Huelga y Xunta de Galicia. Nos correspondía a nosotros confiar en que las manejarían con la responsabilidad, habilidad y prudencia suficiente y que alcanzarían un acuerdo.

La paciencia inicial incluso resultó justificada cuando supimos, también por los medios de comunicación, que ambas partes habían resuelto satisfactoriamente algunas de las reivindicaciones, y que mantenían el diálogo abierto en pro de una solución consensuada para el resto. Pero, rotas las negociaciones, volvió, con el desconcierto, la inquietud ante la incertidumbre de un final próximo a una situación cuya prolongación en el tiempo incrementa exponencialmente los perjuicios que la paralización del servicio de la justicia causa a la sociedad y al Estado de Derecho.

Retomadas las negociaciones sin éxito, el Consejo de la Abogacía Gallega, manteniendo la debida neutralidad y sin ánimo de interferir, se prestó a ofrecer fórmulas de solución del conflicto, con el incuestionable propósito de procurar la más pronta solución a la situación. El paro, prolongado a más de 75 días, está provocando gravísimas consecuencias, no ya a las partes implicadas o a los profesionales de la abogacía y de la procura, directamente afectados en su actividad diaria, sino a quien el servicio de la justicia va destinado: la ciudadanía, espectadora de una continuada vulneración a su derecho a la tutela judicial efectiva.

Con tal fin, desde el Consello se promovió la última reunión mantenida, celebrada el pasado 17 de abril, en la que, ante nuestra perplejidad y por razones ajenas a la abogacía gallega, las partes acabaron levantándose de la mesa sin acuerdo ni acercamientos y, lo que es peor, con las negociaciones interrumpidas sine die.

Lamentablemente, la abogacía gallega no puede permanecer por más tiempo esperando pacientemente una solución que no se ve llegar, mientras la ciudadanía y nuestros clientes padecen los irreparables perjuicios de una situación que no comprenden, y que nosotros mismos nos vemos obligados a explicarles.

Nuestro indudable sacrificio, pues como profesionales autónomos no podemos recuperar el perjuicio económico padecido, ni siquiera es comparable con el gravísimo perjuicio que sufre la sociedad con una Justicia detenida.

No está en nuestras manos la solución, pero sí es nuestra responsabilidad defender los derechos de nuestros clientes y evitarles perjuicios injustos.

Por esa razón, el Consello ha procedido a remitir comunicaciones a todas las instancias involucradas en la administración de justicia, exigiendo el efectivo cumplimiento de los servicios mínimos, y su ampliación si fuera preciso; agilidad en las tramitaciones de los asuntos urgentes; eficacia en las resoluciones de los inaplazables, y atención y respeto en la prestación del servicio de la Justicia.

La abogacía gallega exige una justicia próxima, ágil, eficaz y atenta, que cumpla respetuosamente las expectativas que la ciudadanía tiene en ella, que garantice sus derechos, y que no lesione el que avala todos ellos: el derecho a la tutela judicial efectiva.