ICACOR

30/07/2008 00:00 Antigüedad: 9 yrs

Comunicado de la Junta de Gobierno

Nombramiento de un letrado administrador en el concurso de Martinsa-Fadesa no incluido en los listados colegiales.

COMUNICADO DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE UN LETRADO ADMINISTRADOR EN EL CONCURSO DE MARTINSA-FADESA NO INCLUIDO EN LOS LISTADOS COLEGIALES

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, en Sesión de 29/7/08, analizó la designación por el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña como administrador,  en el proceso concursal de MARTINSA-FADESA, de una Letrada que no figura en la lista que le fue remitida por este Colegio, en la que figuran los abogados que reúnen las condiciones legales para ejercer el cargo de administradores concursales.

La elaboración de dicho listado, de conformidad con la Ley de Colegios Profesionales estatal, la Ley de Colegios Profesionales de Galicia y el Estatuto General de la Abogacía Española, y en concordancia con la propia Ley concursal, debe ser elaborada y remitida al Juzgado por el colegio territorialmente competente, es decir, aquel que coincida con el lugar donde tenga su sede el órgano judicial, en este caso A Coruña, como ocurre con las demás competencias, fines y funciones colegiales, y ello sin perjuicio de que se incluyan en listado Letrados de toda España que reúnan los requisitos legales.

En dicha sesión, se sopesaron las acciones e iniciativas legales, incluido el posible personamiento e impugnación del auto que designa al administrador, acordándose, además, la emisión del siguiente comunicado:

«COMUNICADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS:

 En la abogacía coruñesa causó sorpresa la designación por el Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil de A Coruña de una abogada valenciana como administradora en el proceso concursal de Matinsa-Fadesa. Razones tiene que tener el Juez que desconocemos, si bien la compañera designada declara en el diario “Expansión” que el motivo de su nombramiento es el tener en su despacho infraestructura suficiente para ello.

Los abogados de A Coruña esperábamos que se designase como administrador a un letrado de A Coruña de los que figuran en la lista que en el mes de diciembre pasado remitió este Colegio al Juzgado Decano, tal y como establece la Ley Concursal en su art. 27.1.2.3 y que, sin duda alguna, así tenía que ser a tenor de lo que dicha ley establece. 

El nombramiento del abogado que haya de integrar la administración concursal “se realizará por el juez del concurso entre quienes” hayan manifestado su disponibilidad “al correspondiente colegio profesional”, cuando la colegiación sea obligatoria; y esa lista de colegiados la presentó en el mes de diciembre el Colegio ante el juzgado decano.
Y estimamos no se hizo como dispone la ley. Y el Juez tiene que aplicar la ley.

Pero el Magistrado-Juez, según parece, no tiene confianza suficiente en la competencia de los abogados coruñeses para llevar a cabo dicho cometido, a pesar de cumplir los requisitos legales establecidos.
Estimamos que la ley es clara y terminante y no admite otra interpretación que la literal.

Aún siendo conscientes de la complejidad del proceso por el número de afectados y por las cuantías en juego, más que por las dificultades jurídicas que encierra, los abogados de A Coruña y la totalidad de los gallegos no somos peores que los del resto de la nación y tenemos capacidad, conocimientos jurídicos y aportación del trabajo necesario para cumplir el cometido de administrador concursal. Por el contrario, la abogacía coruñesa sí tiene plena confianza en los conocimientos del Juez y de su capacidad para llevar a buen puerto el proceso de que hablamos a pesar de esas complejidades de que se habla. El Juzgado no tiene la infraestructura que se precisa, según dicen, para dicho proceso, pero no será obstáculo alguno ya que S.Sª sabrá resolver las dificultades por falta de personal, como también lo haría el abogado coruñés si se designara administrador. Ese no puede ser el problema. 

Que el proceso termine en el menor tiempo posible y sin perjuicio económico a los acreedores, a los que hay que proteger primordialmente como establece la ley